Barcelona tiene un problema de dependencia energética que se ve a simple vista desde cualquier azotea. La ciudad solo aprovecha el 2,5% de su capacidad fotovoltaica en cubiertas, según el informe del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) y el Observatori de Coòpolis. Traducido a la vida diaria, eso significa que de cada cien tejados que podrían albergar placas, apenas dos o tres cuentan con ellas. Mientras tanto, la capital catalana sigue importando buena parte de la energía que consume y mantiene una factura expuesta a los vaivenes de los precios fósiles.
El margen de mejora no es menor. Si se exprimieran todas las cubiertas viables, Barcelona cubriría el 61,3% del consumo eléctrico de sus hogares y el 18,6% de su consumo total. Ahora mismo, la fotovoltaica instalada solo genera el 1,5% de la electricidad que usan las viviendas. El informe dibuja una ciudad que depende casi por completo de fuentes externas y que, además, reproduce desigualdades sociales en algo tan material como los gigavatios hora.
Un potencial enorme que sigue en barbecho
Los datos del estudio señalan que Barcelona consumió 14.413 GWh de energía final en 2022. La electricidad representó el 44,6% del total, mientras que el gas natural supuso el 32,4% y los carburantes derivados del petróleo, el 22,1%. La producción renovable local apenas alcanzaba el 7% de lo consumido, lo que deja una foto de fuerte dependencia exterior. En ese contexto, las azoteas aparecen como un activo poco explotado: alrededor del 60% de los tejados podrían recibir paneles, aunque hoy el despliegue está muy lejos de ese techo.
La radiación solar no falta en España, pero en las ciudades el cuello de botella está en otro sitio. Barcelona cuenta con menos de dos instalaciones por cada mil habitantes, una cifra que queda muy por debajo de la media catalana, situada en 17 por cada millar de residentes. Ese contraste refleja que el autoconsumo urbano no avanza al mismo ritmo que la fotovoltaica en suelo, y que el tejado sigue siendo un espacio infrautilizado para generar energía cerca de donde se consume.
El mapa desigual del autoconsumo
El informe no solo mide cuánto sol se pierde; también muestra quién lo aprovecha. La potencia instalada se concentra en barrios con rentas altas, baja densidad y muchas viviendas unifamiliares. En zonas como Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, la Font d’en Fargues, Sarrià o Pedralbes se llega a 28 instalaciones por cada 1.000 habitantes. En el otro extremo, Ciutat Meridiana no registra ninguna, y otros vecindarios como el Turó de la Peira, la Guineueta, la Vall d’Hebron o la Verneda i la Pau tampoco tienen una sola placa particular.
Detrás de esa fotografía hay decisiones urbanísticas y económicas. Los polígonos de vivienda construidos en los años 60 y 70 acumulan muchos pisos en poca superficie de cubierta, lo que limita la capacidad de generar electricidad por edificio. A eso se suma que las bonificaciones del IBI por instalar paneles acaban muchas veces en casas unifamiliares, donde la renta familiar es un 26% superior a la de los pisos. El resultado es que las placas tienen más difícil hacerse un hueco justo en los barrios donde más podrían ayudar a bajar la factura y combatir el calor estival.
Tratar los tejados como infraestructura útil
La propuesta central del IDRA pasa por dejar de mirar las cubiertas como una suma de decisiones privadas y empezar a tratarlas como un espacio de utilidad pública. La idea es facilitar una cesión de uso de cubiertas privadas mediante inversión pública o mixta, de forma que el propietario mantenga la propiedad, un operador energético público asuma la inversión y la energía pueda repartirse en el barrio. Con ese modelo, el tejado no solo serviría para el autoconsumo del edificio, sino que podría alimentar a vecinos cercanos y aprovechar excedentes que hoy se pierden.
En el plano normativo, los expertos señalan que la energía compartida ya es más fácil de desarrollar en las ciudades. El decreto-ley de 2026 permite repartir el excedente de una cubierta comercial o industrial en un perímetro de cinco kilómetros, según explica Rubén Martínez Moreno, director del Área de Urbanismo y Transición Ecológica del IDRA. La clave, insisten, está en desbloquear esas superficies y evitar que el despliegue dependa solo de la voluntad y del bolsillo de cada propietario.
Impuestos, financiación y planes por barrios
El informe también pone sobre la mesa medidas fiscales. Plantea bonificaciones del IBI progresivas para la instalación de paneles, de manera que no se beneficie por igual a quien puede pagar la inversión y a quien no. En barrios con menor renta, como Ciutat Meridiana, muchos propietarios no tienen capacidad de adelantar el dinero, aunque la instalación les interese. La fiscalidad local podría corregir parte de ese desequilibrio.
Otra pata de la propuesta es financiar las placas sin exigir capital previo. El IDRA defiende que se puedan costear instalaciones para inquilinos y comunidades que quieren abaratar su factura pero no disponen del dinero inicial. Además, apuesta por un programa específico para barrios con alta vulnerabilidad climática, donde la energía compartida se distribuya con criterios de bienestar social y ecológico. Los excedentes generados en tejados privados con cesión de uso podrían destinarse a zonas con edificios plurifamiliares y poca superficie útil.
Para ordenar ese despliegue, los autores hablan de planes municipales de energía solar con objetivos por barrios. También piden una ordenanza más exigente que vaya más allá de los edificios de nueva construcción. La transición energética urbana, sostienen, no puede quedar en manos de la agregación de preferencias individuales; hace falta una voluntad pública que coordine inversiones, normativa y reparto de beneficios. En un país con tanto sol, dejar tejados enteros sin aprovechar es una oportunidad que se escapa cada día.
Comunidades energéticas y trabas administrativas
El estudio también mira al asociacionismo energético. En Barcelona solo existen cuatro comunidades energéticas, situadas en Poblenou, la Bordeta, el Guinardó y el Bon Pastor. La complejidad burocrática, la dependencia del voluntariado y la dificultad para acceder a las cubiertas frenan muchas iniciativas. A pesar de ello, estas fórmulas colectivas aparecen como una vía para repartir mejor los beneficios de la generación renovable y para implicar a pymes, vecinos y entidades locales.
La comparación europea ayuda a dimensionar el reto. Un estudio publicado en Nature y respaldado por la Comisión Europea calcula que la Unión podría obtener el 40% de su energía con paneles solares en 2050 si se aplican bien las políticas adecuadas. Sin embargo, solo alrededor del 10% de los tejados tiene ya equipamiento fotovoltaico. España, por sus niveles de radiación y su parque edificatorio, aparece como uno de los países con más margen de crecimiento.
Barcelona tiene ante sí una paradoja difícil de ignorar: dispone de miles de cubiertas, de un recurso solar abundante y de una necesidad creciente de reducir emisiones y dependencia exterior, pero mantiene la mayor parte de ese potencial sin usar. Los datos del IDRA muestran que el problema no es solo técnico, sino también social y normativo, porque el autoconsumo se concentra en los barrios con más renta y menos densidad. Cambiar esa tendencia exigiría financiación accesible, bonificaciones fiscales mejor diseñadas, planes municipales con objetivos claros y fórmulas para compartir la energía generada en azoteas. El sol de Barcelona no falta; lo que falta, de momento, es la manera de repartirlo y aprovecharlo.
