El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha un proceso de recogida de opiniones sobre la propuesta de Ley Europea de Chips 2.0 presentada por la Comisión Europea. La consulta, que permanecerá abierta hasta el próximo 3 de agosto, está dirigida a ciudadanos, organizaciones y asociaciones que quieran aportar su visión sobre esta actualización normativa.
Esta iniciativa forma parte del Paquete de Soberanía Digital de la Unión Europea, dado a conocer el pasado 3 de junio, y tiene como objetivo reforzar la posición del continente en el mercado de semiconductores avanzados. La propuesta busca corregir las debilidades detectadas en la primera Ley de Chips, aprobada en 2023, y adaptar la estrategia europea a un contexto geopolítico y tecnológico en constante evolución.
Consulta pública sobre la Ley de Chips 2.0
La nueva versión de la ley responde a dos problemas fundamentales que han sido señalados por informes estratégicos como el Informe de Competitividad Digital Europea o la evaluación de la Chips Act 1.0. Por un lado, la Unión Europea sigue dependiendo de terceros países en áreas clave como el diseño y la fabricación de semiconductores, mientras otras potencias como China sortean bloqueos tecnológicos para liderar la IA. Por otro, la capacidad de producción dentro de la UE es limitada y está muy concentrada geográficamente, lo que dificulta la preparación ante posibles crisis de suministro.
Para hacer frente a estos retos, la Ley Europea de Chips 2.0 introduce un mayor énfasis en medidas que estimulen la demanda de chips entre los Estados miembros, complementando el enfoque anterior centrado principalmente en la oferta. El texto sometido a consulta incluye actuaciones orientadas a impulsar la producción y la industrialización, fortalecer la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y aumentar la resiliencia de la cadena de valor de los semiconductores en la Unión Europea.
Resultados de la primera Ley de Chips
La evaluación de la Chips Act original arroja un balance positivo en términos de movilización de recursos y desarrollo del ecosistema europeo. Según los datos difundidos por el Ministerio, la primera Ley de Chips ha contribuido a movilizar más de 52.000 millones de euros en inversión pública y privada en todo el continente, sumándose a otros esfuerzos como el caso de Intel en su planta de Irlanda. Además, ha generado alrededor de 46.000 puestos de trabajo directos e indirectos y ha reforzado la capacidad de Europa en investigación e innovación aplicada a los semiconductores.
Estas cifras reflejan el impacto de una normativa que, por primera vez, coordinó los esfuerzos de los países miembros para reducir la vulnerabilidad de la cadena de suministro global y sentar las bases de una industria más autónoma. No obstante, los análisis estratégicos han puesto de manifiesto la necesidad de ir más allá y abordar los desequilibrios que persisten en el diseño y la producción de chips avanzados.
Participación de España en el ecosistema de semiconductores
España ha desempeñado un papel relevante en el despliegue de la primera Ley Europea de Chips mediante su implicación en proyectos estratégicos y en las inversiones realizadas por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la participación en las líneas piloto europeas de fotónica integrada y chips cuánticos, impulsadas en el marco de la Empresa Común de Chips (Chips Joint Undertaking), mientras la computación cuántica acelera su paso en España.
Además, SETT ha invertido en iniciativas consideradas clave para el sector, como el futuro Centro de Desarrollo e Innovación en Microelectrónica que gestionará IMEC en Málaga, la ampliación de las actividades de Diamond Foundry en España para fabricar componentes de microchips, y la entrada en el capital de la empresa española de microelectrónica Openchip, así como en las compañías de fotónica Sparc y Attypic. Estas operaciones contribuyen a reforzar las capacidades industriales y tecnológicas europeas y consolidan la posición de España como un actor relevante en la cadena de valor de los semiconductores.
Con esta consulta, el Gobierno busca alinear la posición española con los objetivos de la Comisión Europea para fortalecer la autonomía tecnológica del continente. La participación ciudadana y empresarial será clave para definir el rumbo de una normativa que aspira a convertir a Europa en un actor relevante en la cadena global de semiconductores.
