El auge de la inteligencia artificial y los servicios en la nube ha disparado la construcción de centros de datos en todo el mundo, y España no es una excepción. Sin embargo, este crecimiento también plantea retos importantes en términos de consumo energético, uso del agua y protección de datos. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un periodo de audiencia pública para un proyecto de real decreto que establecerá nuevas obligaciones para estas infraestructuras.
La propuesta, que estará en consulta hasta el 4 de septiembre, afectará principalmente a los centros de datos con una potencia de acceso a la red igual o superior a 1 megavatio. Entre las medidas más destacadas se encuentran límites estrictos de eficiencia energética e hídrica, la exigencia de que una parte relevante del consumo eléctrico provenga de nueva generación renovable, y condiciones específicas para garantizar la soberanía digital de los datos del sector público.
Requisitos de eficiencia y sostenibilidad
El proyecto de real decreto establece que los nuevos centros de datos deberán cumplir con un PUE máximo de 1,15 durante el periodo transitorio, hasta que entre en vigor el sistema europeo de etiquetado. El PUE mide la relación entre la energía total consumida y la que llega a los equipos informáticos, por lo que un valor cercano a 1 indica una alta eficiencia. Además, se fija un WUE máximo de 0,1 para el uso del agua en centros de datos, un indicador clave en regiones con estrés hídrico.
Otra de las novedades es la obligación de que al menos el 80% del consumo eléctrico esté vinculado a nueva generación renovable, con criterios de adicionalidad y correlación horaria. Esto significa que los centros deberán contratar energía renovable que se genere en las mismas horas en que consumen, evitando así que su demanda aumente la necesidad de respaldo fósil. El Gobierno busca con ello que la expansión digital no comprometa la electrificación de otros sectores.
Impacto en el sector y próximos pasos
La medida llega en un momento de fuerte crecimiento del sector. Según datos recogidos en la memoria del proyecto, desde 2020 se han concedido más de 12 GW de capacidad de acceso a centros de datos en España, una cifra muy superior a la previsión inicial. A nivel global, la demanda de energía para estas instalaciones está aumentando rápidamente, y empresas como Eaton están desarrollando soluciones de infraestructura para centros de datos integradas de gestión eléctrica y térmica para mejorar la eficiencia.
Además, la regulación incluye requisitos de soberanía digital para los centros que alojen datos del sector público, que deberán ser tratados y almacenados exclusivamente dentro de la Unión Europea. El incumplimiento de las obligaciones podría conllevar recargos en los peajes eléctricos e incluso la pérdida de los permisos de acceso a la red.
La audiencia pública permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026, y tras el análisis de las alegaciones, el texto podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva. Con esta iniciativa, España se adelanta a la normativa europea y busca compatibilizar el auge de la inteligencia artificial con la transición energética y la protección de los recursos naturales.
