
Dieciocho organizaciones de fabricantes y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) han pedido al Gobierno español que rechace la propuesta europea de crear una nueva contribución presupuestaria vinculada a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El mecanismo se calcularía con una tarifa de 2 euros por kilogramo de residuos electrónicos no recogidos, tomando como referencia la diferencia entre los aparatos puestos en el mercado y los residuos recogidos.
En un comunicado conjunto, las entidades calculan que la medida podría superar los 1.800 millones de euros anuales en España y los 17.000 millones en el conjunto de la Unión Europea. Advierten de que, si España decidiera trasladar el coste a los fabricantes mediante una figura impositiva, el sector afrontaría una carga adicional que podría afectar a su competitividad y capacidad de inversión.
¿Qué propone Bruselas y por qué piden rechazarlo?
La iniciativa se enmarca en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y está concebida como un nuevo recurso presupuestario, no como una medida específica de gestión de residuos. Las organizaciones cuestionan que los ingresos obtenidos se destinen necesariamente a mejorar la recogida y el reciclaje; temen que se convierta en una carga económica sin beneficios ambientales garantizados.
El posicionamiento está respaldado por siete asociaciones empresariales de fabricantes —APPLiA España, AFEC, AFME, AMETIC, ANFALUM, CEPCO y FEGECA— y once sistemas colectivos y entidades vinculadas a la responsabilidad ampliada del productor: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, ERP (European Recycling Platform), EcoRAEEs, Recyclia, REINICIA y Sunreuse. Las dieciocho organizaciones firmantes aseguran haber trasladado su oposición a los ministerios españoles implicados en las negociaciones europeas.
El coste para España: más de 1.800 millones anuales
La propuesta aplica una referencia de 2 euros por kilo sobre los residuos no recogidos. Las estimaciones del sector sitúan el impacto potencial por encima de 1.800 millones de euros al año en España y de 17.000 millones en el conjunto de la Unión. El coste final para las empresas dependería de cómo articule cada Estado miembro la financiación: si se repercute a los fabricantes, el sector tendría que asumir una nueva obligación económica.
Como precedente, citan el impuesto español sobre los envases de plástico no reutilizables, cuyo coste recae sobre los operadores afectados. También alertan de que las negociaciones europeas podrían dar lugar a ajustes anuales de la cuantía, incrementando las obligaciones financieras asociadas al mecanismo.
¿A quién afecta y qué contradicción ven con la durabilidad?
El posible impacto fiscal no recae de forma automática en los fabricantes, sino que depende de la decisión de cada Estado miembro. Las organizaciones advierten de que, si España opta por una figura impositiva similar a la del plástico, las empresas de equipos eléctricos, electrónicos, climatización y calefacción podrían afrontar más costes de producción y cargas administrativas.
El sector también señala una contradicción con las políticas de ecodiseño, reparación y reacondicionamiento. Como el cálculo relaciona los aparatos comercializados con los residuos recogidos, una mayor durabilidad puede ampliar la diferencia estadística entre ambas magnitudes, ya que parte de los productos sigue funcionando. A su juicio, el sistema debería tener en cuenta la vida útil de los aparatos para no penalizar los esfuerzos por prolongar su uso.
Dudas sobre los datos y el control de la recogida
Las entidades cuestionan la calidad de la información que serviría para determinar las contribuciones de los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas Europeo ha identificado deficiencias en los mecanismos de control, como la ausencia de una obligación general de verificación por parte de los Estados miembros y la falta de base jurídica para que Eurostat audite la información. Establecer aportaciones de esta magnitud exige, según el sector, datos fiables, comparables y verificables.
Las organizaciones también señalan que un sistema basado en la diferencia entre aparatos comercializados y residuos recogidos puede distorsionar las previsiones de ingresos y las contribuciones nacionales. Por eso reclaman una metodología que refleje adecuadamente la vida útil de los equipos y los flujos reales de residuos, y que no convierta las deficiencias de recogida en una fuente permanente de recursos.
Qué piden al Gobierno y cuál es la alternativa
Frente al nuevo gravamen, las organizaciones reclaman aprovechar la próxima revisión de la Directiva RAEE para corregir las deficiencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos de recogida. Entre sus prioridades están reforzar la aplicación de la normativa, mejorar la trazabilidad y vigilar el cumplimiento de los operadores, incluidos los vendedores que comercializan productos a través de plataformas digitales.
También recuerdan que los fabricantes ya participan en la financiación y organización de la gestión de los residuos electrónicos mediante los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Sostienen que mejorar los resultados requiere la implicación de administraciones locales, distribuidores, gestores de residuos, recicladores y consumidores, ya que la recogida eficaz no depende solo de los productores.
Claves prácticas del gravamen propuesto
- Tarifa: 2 euros por kilogramo de residuos electrónicos no recogidos.
- Base de cálculo: diferencia entre aparatos puestos en el mercado y residuos recogidos.
- Impacto estimado: más de 1.800 millones anuales en España y 17.000 millones en la UE.
- A quién afecta: a los Estados miembros; si España lo repercute, a fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos.
- Estado: propuesta vinculada a la negociación del presupuesto europeo, con posible ajuste anual de la cuantía.
El sector mantiene su posición ante los ministerios implicados en la negociación del Marco Financiero Plurianual. Su objetivo es que España rechace el nuevo recurso presupuestario y que la revisión de la Directiva RAEE aborde primero las deficiencias estructurales de la recogida y el tratamiento.
Índice
- 1 ¿Qué propone Bruselas y por qué piden rechazarlo?
- 2 El coste para España: más de 1.800 millones anuales
- 3 ¿A quién afecta y qué contradicción ven con la durabilidad?
- 4 Dudas sobre los datos y el control de la recogida
- 5 Qué piden al Gobierno y cuál es la alternativa
- 6 Claves prácticas del gravamen propuesto
